Esta mañana, dos tanquetas del ejército y patrullas de la Guardia Nacional rondaron los alrededores del plantón que se lleva a cabo contra el basurero intermunicipal de San Pedro Cholula, Puebla. Este despliegue ocurre solo dos días después de que policías y trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) intentaron forzar la reconexión de energía eléctrica para las instalaciones del basurero, conocido como “basurero de muerte”, según denuncias de la Unión de Pueblos y Fraccionamientos contra el Relleno Sanitario y en Defensa del Agua.
Denuncias de intimidación por parte del Estado
La Unión de Pueblos y Fraccionamientos ha calificado esta situación como parte de una serie de actos de intimidación y amenaza por parte del Estado hacia las comunidades que defienden la vida, el agua y el territorio en la región Cholulteca. Recordaron que el 21 de septiembre, la CFE y la policía antimontines intentaron llevar a cabo la reconexión de energía, a pesar de que el basurero fue clausurado de manera definitiva el 21 de agosto por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Contexto sobre el basurero y su impacto ambiental
A pesar de la clausura decretada por los pueblos el 21 de marzo, el basurero sigue generando problemas ambientales, ya que continúa contaminando con lixiviados. Los habitantes acusaron a la empresa Profaj Hidro Limpieza, en complicidad con los gobiernos estatal y municipal, de ser responsables de esta situación.
Responsabilidad del gobierno ante la violencia
Después del intento de reconexión de energía eléctrica, los pueblos han hecho un llamado al gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, y al secretario de Gobernación, Javier Aquino Limón, responsabilizándolos de cualquier ataque contra quienes defienden su tierra y agua. A pesar de la represión, los pueblos reafirmaron su compromiso con la lucha por la defensa de su territorio.
Con esta serie de eventos, se evidencia la creciente tensión entre las comunidades locales y las autoridades, en un contexto donde la defensa del medio ambiente y los derechos humanos se convierte en una prioridad.
